Al llegar a La Oroya (Junín) es inevitable dejar de ver los cerros blancos o grises, manchados desde hace décadas por las emisiones del complejo metalúrgico más conocido del Perú. La principal ‘avenida’ del lugar es la misma carretera Central por donde pasan vehículos de todo tamaño las 24 horas del día. Buses, autos particulares, volquetes, camiones o colectivos tienen que pasar sí o sí por la ciudad para ir a otros lugares de la sierra o la selva central. Aunque hace algunos años el complejo metalúrgico funciona a medias, la ciudad mantiene un ritmo dinámico debido a que es un lugar de paso obligatorio y, además, porque muy cerca están ubicados algunos proyectos mineros como Morococha. 

Al llegar a La Oroya, precisamente al caminar por sus calles, es inevitable no sentir un cierto recelo al momento de respirar. Se trata de una ciudad que fue considerada como una de las más contaminadas del planeta, donde algunos de sus habitantes poseían hasta 50 veces más plomo de lo que recomendaba la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por supuesto, ahora la OMS considera que la presencia de plomo en el organismo, cualquiera sea la cantidad, no es saludable. Si bien las emisiones de gases se han reducido con la paralización de gran parte de las actividades del complejo metalúrgico, aún existe contaminación, pero no todos denuncian este hecho. ¿Por qué?

Liliana Carhuaz, una de las 65 personas que se atrevieron a denunciar al Estado peruano por no velar por la salud de la población de La Oroya, cuenta que desde que supo que sus problemas de salud estaban relacionados con la contaminación que generaban las actividades metalúrgicas se unió con otras personas que pasaban el mismo problema, pero de inmediato fueron víctimas de hostigamiento y amenazas por parte de los trabajadores del complejo, quienes creían que dicha denuncia atentaba directamente contra sus puestos de trabajo. 

“Yo tomo consciencia de la contaminación en el año 1998. Me di cuenta de que todos los problemas respiratorios que yo tenía, o que mi familia tenía, eran consecuencia del dióxido de azufre que botaba el complejo metalúrgico”, cuenta Liliana, quien ya no oculta su identidad al momento de tocar este tema.

“Yo por ejemplo tengo dolor en la rodilla, en los brazos, tengo sordera. Tengo tos, asma. Mis tres hijos tienen problemas en el pulmón, principalmente por el problema del material particulado que han respirado”, dice por su parte Pablo Fabián, otro de los afectados que vive frente a la gran chimenea del complejo.

Debido al peligro al que se exponían Liliana y Pablo, así como los demás afectados, se decidió presentar la denuncia a través de seudónimos. A los varones se les denominó Juan y, a las mujeres, María. Este grupo, acompañado por organizaciones como Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), logró que en el 2006 el Tribunal Constitucional emitiera un fallo que ordenó al Estado peruano adoptar medidas para proteger la salud de los afectados.

“El Estado debía implementar diversas acciones como decretar a La Oroya en ‘estado de emergencia’ y se debían implementar diversas medidas a nivel salud para atender a la población que estaba intoxicada con metales pesados. Han pasado 10 años de la sentencia y todavía no se ha cumplido plenamente. De hecho el fallo le da 30 días a las diferentes entidades estatales para cumplir con la sentencia. Ya vamos agosto de 2016 y esto no se ha cumplido plenamente”, explica María José Veramendi, abogada de AIDA.

¿POR QUÉ DENUNCIARON AL ESTADO Y NO A LA EMPRESA?

La representante de AIDA señala que, si bien la empresa Doe Run no cumplió con los compromisos asumidos desde la compra del complejo en el año 1997 -debía cumplir en un lapso de 10 años con implementar el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)-, era el Estado peruano el que permitía la contaminación, en decir, no velaba por la salud de la población y no hacía nada contra la violación al derecho a vivir en un ambiente sano.

“Nosotros pensamos demandar a la empresa, pero llegamos a la conclusión de que todas las leyes y disposiciones legales en el Perú favorecían a la empresa para que trabaje con esos estándares de calidad ambiental, con esos límites máximos permisibles. Ahí es donde nosotros encontramos al verdadero culpable: el Estado”, nos dice Moisés Alcántara, otro ciudadano afectado por la contaminación.

Liliana Carhuaz también coincide con Alcántara: “El Estado peruano nunca veló al 100% por nuestra salud, al contrario, siempre benefició a la empresa, le dio beneficios, ampliaciones, modificaciones, pero el tema de salud lo dejó de lado”.

DENUNCIA INTERNACIONAL CONTRA EL ESTADO

Al ver que no se cumplía con la sentencia del Tribunal Constitucional, los denunciantes y las organizaciones que los apoyaban, decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en el 2007, esta solicitó al Estado peruano implementar medidas cautelares a favor de 65 personas de La Oroya. Estas medidas consistían en un diagnóstico médico especializado y un tratamiento para aquellos que mostraran daños irreversibles a su vida o integridad personal.

“Uno de nuestros alegatos principales del caso ante la Comisión Interamericana fue que la gente no tenía acceso a la información. Si la gente no tenía información sobre el estado de contaminación de la ciudad, ¿cómo podía cuidar su salud? De hecho hubo una estrategia de ocultamiento de información y desinformación. Durante muchos años, incluso personal médico o personal de la empresa decía que le plomo te hacía bien”, narra María José Veramendi de AIDA.

“Nuestra intención era que se declare al Estado responsable por violar los derechos humanos, como el derecho a la vida, a la salud, a vivir en un ambiente sano, al acceso a la información y al acceso a la justicia”, agrega la abogada.

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