En entrevista con Actualidad Ambiental, Iván Ormachea, presidente de Prodiálogo, organización civil que trabaja en temas de prevención y resolución de conflictos, señaló que pese a que el conflicto por el proyecto minero Tía María estaba ‘cantado’ el Gobierno no supo prevenirlo y dio prioridad a la inversión y a las autorizaciones administrativas.

Asimismo, condenó la violencia y manifestó que el Gobierno debe tomar una decisión clara. “El país no se merece estar en esta sensación de ‘secuestro’ por parte de la violencia, de las decisiones administrativas y por un proyecto minero”, apuntó.

El Gobierno ha declarado en “Estado de emergencia” en los distritos de Islay por 60 días con el fin de reducir el nivel de violencia y establecer el diálogo con los manifestantes. ¿Se puede hacer en 60 días lo que no se hizo en casi cinco años?

Definitivamente no. Yo dudo mucho que de acá a unos cuantos días tengamos un contexto distinto. El caso Tía María tiene muchos aspectos relacionados al caso Conga, sobre todo en cómo el Estado ha planteado la situación. Una de las diferencias en el manejo de la crisis es que al menos la empresa Yanacocha suspendió el proyecto minero, lo que no se ha dado con la Southern, lo cual me parece riesgoso. Me sorprende que el Estado dependa prácticamente de la empresa para administrar este conflicto.

Parece ser que para el Gobierno no hay nada más importante, en este tema, que el de respetar una decisión administrativa, como es la aprobación de un estudio de impacto ambiental, y no se pone en la balanza la gobernabilidad del país, la seguridad de las personas, la vida, la integridad, todo ello es muchísimo más valioso que cualquier autorización o trámite relacionado a una empresa extractiva.

Si ya se tuvo la experiencia de Conga o Espinar, ¿por qué cree usted que el Gobierno espera a que el conflicto escale para recién implementar, por ejemplo, una Mesa de Diálogo?

Yo creo que eso habría que preguntarle al Gobierno. A mí lo que me sorprende es que entre Tía María y Conga existen muchos patrones similares y son pocas las lecciones aprendidas. Una de las lecciones que debió aprenderse es que calmado el conflicto –porque nunca se resolvió el tema de Tía María el 2011, sino solo se aplazó–, el Gobierno debió monitorear bien este proyecto, este escenario, a las distintas organizaciones, en el buen sentido, y propiciar encuentros entre Estado, empresa, comunidades, para conversar sobre los temas pendientes. Era claro que la comunidad o un grupo de la comunidad que tenía una gran capacidad de movilización se iba a mostrar en contra. Entonces, ¿por qué no se previno, por qué no se planificó algún tipo de acción para transparentar la información, conversar de la mano con todos los involucrados sobre las observaciones que hizo en su momento la UNOPS.

[Ver además: 10 puntos que debes revisar para entender el conflicto por el proyecto Tía María]

¿Cómo recuperaría el Gobierno la confianza que ha perdido en Islay?

Yo hasta ahora me pregunto si existe en el mundo algún valle que tenga similitud con el valle del río Tambo que coexista con un gran yacimiento minero. Y si existe sería una buena experiencia para que representaciones de los tres lados vayan a esa zona y verifiquen con sus propios ojos. Las personas ahora ya no están dispuestas a creer palabras, y eso ya es hasta muy peruano. Hay mucha desconfianza. En Latinoamérica figuramos entre los dos países más desconfiados.

Creo además que al insistir en una discusión técnica en el espacio de diálogo se salta una etapa importante, y esa etapa tiene que ver con el plano de las emociones, percepciones y en el plano de la comunicación. En otras palabras, en la dimensión humana. Los agricultores que de buena fe se oponen a este proyecto minero necesitan expresar su punto de vista, sentirse escuchados.

Si no tenemos eso, la violencia seguirá insertándose con mucha facilidad porque no hay un espacio donde toda esa frustración, furia, miedo, rabia, etc, pueda ventilarse. Hay que trabajar en ello, en ese proceso de reconciliación. La Southern se equivoca totalmente en dar 60 días, pensando que en ese tiempo se agotará la posibilidad de trabajar los temas técnicamente y que tendrán la venia de la población. Yo creo que no se necesita ser demasiado brillante para llegar a la conclusión de que este conflicto minero no estará resuelto en 60 días, ni quizás en 60 meses.

“Yo creo que en el Perú, en el tema de la protesta social, hace falta trabajar en la ‘no violencia’. Muchos me dirán que ‘¿en qué país estás?’, pero les diría que piensen en los grandes referentes como Ghandi o Luther King, quienes sin una sola bala lograron hacer revoluciones dentro de una comunidad y sus países. En el Perú no hay una estrategia de no violencia.” Iván Ormachea

Pese a algunas experiencias, podríamos decir entonces que el Estado todavía no aprende a gestionar los conflictos. Sin embargo, siendo más optimistas, ¿podemos decir también que ha habido ciertas mejoras?

Yo creo que una de las lecciones aprendidas de Conga es que el Gobierno ha aprendido que necesita un equipo especializado y por eso se creó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) en el 2012. Creo que hay un gran aporte porque hay un marco conceptual, tiene su sistema de monitoreo, personal interesante, y con ello el Gobierno ha entendido que necesita una estrategia, un conjunto de herramientas para prevenir y manejar los conflictos. Sin embargo, el tema de Tía María demuestra que el sistema necesita afinarse porque este conflicto era cantado, venía de los mismos talleres que exige la aprobación del estudio de impacto ambiental.

[Ver además: Tía María: 6 razones de por qué la minera Southern ha generado desconfianza en Arequipa] 

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