En diciembre pasado, el economista Hernando de Soto anunció que tenía casi listo un documento que planteaba alternativas de solución al problema de la minería informal en el país. Este material, de unas 800 páginas, sería enviado al Ejecutivo para que el Gobierno lo tome en cuenta y renueve su estrategia para trabajar con los miles de mineros que buscan la formalización. 

Han pasado tres meses y hasta ahora, según la revista Ideele, nadie sabe nada del documento y su contenido. Solo se conocen las propuestas de De Soto de manera general: Derogar los siete decretos que regula la minería informal, autorizar la invasión de concesiones mineras inactivas, reducir el pago de impuestos de la minería a pequeña escala de 4% a 1.5% y dejar de usar instrumentos tributarios formales.

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“Los decretos emitidos (1099, 1100, 1103, 1104, 1105, 1106 y 1107) a partir del 2012 están vinculados al control de dragas, carancheras, balsas gringo y la maquinaria que se emplea en la minería aluvial. También al control de insumos químicos como el mercurio, el cianuro e incluso la gasolina que en Madre de Dios se usa de forma indiscriminada”, aclara Ideele en un artículo.

Pese a que el economista intenta abogar solo por los mineros filonianos, las medidas que propone alcanzaría también a los que destruyen actualmente nuestra Amazonía. “Sin embargo, la minería filoniana no es sinónimo de cuidado del medio ambiente. En Ananea (Puno) también se practica y esta es una de las zonas más contaminadas del país debido a la actividad minera”, agrega.

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Respecto al uso de los terrenos concesionados (según De Soto solo el 1.2% del territorio minero en concesión es trabajado), Ideele afirma que ello “propiciaría una ola de invasiones de consecuencias sociales escabrosas. Imaginemos los territorios concesionados a Quellaveco, Tía María y hasta el mismo Conga, invadidos por mineros informales”.

Asimismo, agrega la opinión de la Sociedad Nacional de Minería en Pequeña Escala (Sonamipe): “Su propuesta va contra del estado de derecho. Su posición es que cualquiera se pueda meter a nuestras concesiones, y esto no es posible”.

PROCESO DE FORMALIZACIÓN

Ideele también resaltó que de los 75 mil mineros que iniciaron el proceso de formalización, solo 631 culminaron con éxito este proceso, por lo que el resto estaría actualmente como ilegal.

Sobre el proceso, César Ipenza, especialista en temas mineros, indica que no ha habido estrategias de formalización diferenciada, de acuerdo a las características geográficas y sociales de cada zona. “Las leyes y normas se aplican para cualquier minero del país, sin entender las particularidades de la minería aluvial. Ella afecta al bosque y por eso se necesitan permisos especiales de desbosque”, precisa el abogado.

Por su parte, Lenin Valencia de la SPDA agrega que muchos mineros, que no eran pequeños, se aprovecharon del nuevo marco jurídico para sacar ventaja. “En África, la extensión que puede explotar a un minero pequeño es de 50 hectáreas; en el Perú es de 2 mil hectáreas. Se debe evaluar esto porque en la minería aluvial la capacidad de remoción no debe superar las 350 toneladas métricas. Además, no se especificó qué tipo de maquinarias están permitidas. Por eso utilizan maquinaria pesada y explotan como los medianos”, sostiene Valencia.

“La minería informal afecta a los agricultores y a los forestales. Los gobiernos regionales y sus direcciones son los responsables de las superposiciones que vienen reproduciéndose desde los años 90. Incluso hay superposición en el 65% del territorio del corredor minero de Madre de Dios, donde la minería es permitida”, agregó el investigador de la SPDA.

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