El pasado 5 de noviembre, el Ejecutivo envió al Congreso de la República el nuevo paquete de medidas para reactivar la economía. En esta ocasión, el proyecto de ley 3941-2014-PE es denominado “Ley de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible en las zonas de mayor exclusión social” (Ver documento). 

Al respecto, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) envió al Legislativo una carta en la que se analizan los cambios institucionales que traería la norma y se propone la modificación de algunos artículos porque podrían disminuir estándares ambientales vigentes.

Uno de los aspectos que resalta la SPDA, es que el proyecto de ley “reafirma el rol del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), especialmente en temas relacionados a la administración de información ambiental producida en el marco de la elaboración y evaluación de los estudios de impacto ambiental, emisión de la certificación ambiental integrada, entre otros.”

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Sin embargo, agrega la SPDA, las nuevas responsabilidades que serían transferidas al Senace, “deben complementarse con una debida asignación de recursos financieros, teniendo en cuenta que para el año fiscal 2015 solo ha sido prevista la transferencia de 16 700 000 soles a favor de esta entidad”.Nuevo paquete reactivador del Ejecutivo 

Sobre las líneas base ambiental (categorías II y III), primer paso importante para la elaboración de los estudio de impacto ambiental, el proyecto de ley propone que estas sean de dominio público y además puedan ser compartidas para la elaboración de estudios ambientales de otros proyectos de inversión sobre una misma área.

Al respecto, la SPDA considera positiva esta medida, siempre y cuando el uso de la línea base cumpla con algunos requisitos que aseguren su buen funcionamiento, teniendo en cuenta el tipo de actividad y la forma en que esta se realizará. Para ello, se necesita un debido control y seguimiento por parte de la entidad, en este caso el Senace. En ese sentido, este artículo merece ser modificado.

En el tema de la certificación ambiental integrada, si bien se busca la simplificación de procedimientos y plazos lo importante es no comprometer la calidad de los estudios de impacto ambiental, por ello la SPDA considera que “el problema no radica en la integración de los trámites ambientales y de recursos naturales que se han propuesto en el proyecto de ley, sino en el breve plazo que se estaría otorgando al Senace para emitir la certificación ambiental integrada”.

“Se trata de 12 títulos habilitantes (y de otros que podrían ir incorporándose progresivamente) que deberán ser revisados, observados y aprobados en un plazo de 150 días cuando el proceso ordinario actual de revisión y aprobación de un EIA-d es de 120 días hábiles”, señala la SPDA, agregando además que este proceso por lo menos debe durar 180 días.

En el tema forestal, la SPDA recomienda que “el proyecto de ley debe incluir las medidas necesarias para no afectar las competencias regionales para el otorgamiento de autorizaciones de desbosque y de investigación, de acuerdo a los dispuesto por la ley 29763”.

Cabe resaltar que el proyecto de ley también propone la aprobación automática de las autorizaciones de investigaciones, extracciones y colectas, por lo cual la SPDA sugiere que debe sujetarse a la emisión de una opinión técnica vinculante de las autoridades como Serfor, Sernanp y Produce y que el plazo para la emisión de estas opiniones sea mayor a los 15 días hábiles que se están proponiendo.

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