El primer año del gobierno del presidente Ollanta Humala estuvo marcado por los conflictos sociales. Hasta junio de este año, según la Defensoría del Pueblo, de los 247 conflictos registrados, 150 eran de carácter socioambiental. Los casos más resaltantes fueron, y son, el de Conga (Cajamarca) y Espinar (Cusco), ambos relacionados a la minería. Sin embargo, existen otros temas ambientales destacados, como la Ley Forestal, la ley de Consulta Previa, el ingreso de transgénicos, entre otros, en donde se han dado los primeros pasos. Actualidad Ambiental presenta un resumen sobre lo que se hizo y lo que falta por hacer en estos temas que deberán estar en agenda. Algunos de ellos no fueron tocados en el último Mensaje Presidencial.

1. Conflictos Sociales

Los conflictos sociales (en especial los de carácter socioambiental) han sido el punto de quiebre del primer año del gobierno de Humala. Para muchos especialistas, los conflictos no fueron manejados de la mejor manera. De acuerdo a Pedro Solano, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), “los conflictos deben manejarse siempre mediante el diálogo, brindando de manera oportuna la información sobre los proyectos a las personas que habitan dentro de la zona de influencia”.

Para Pedro Solano, "se requiere considerar siempre la incorporación del gobierno en todos sus niveles, así como la participación activa de la población. Un proyecto debe decidir su futuro teniendo como base el diálogo, la licencia social". Además, uno de los puntos clave detrás de los conflictos es el fortalecimiento del sistema que posibilita la aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA). Sobre ello, Isabel Calle, de la SPDA, ha publicado el libro "Propuestas para el fortalecimiento de Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental en el Perú (SEIA)".

2. Ley de Consulta Previa

La aprobación en agosto del 2011 de la “Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios”, significó un avance muy importante hacia la consolidación de los derechos de los pueblos indígenas. Según explica Carmen Heck, de la SPDA, el reglamento aprobado se elaboró de forma participativa, recogiendo los aportes de organizaciones indígenas.

Sin embargo, de acuerdo a Heck, “falta aún que los ministerios aprueben los reglamentos sectoriales para implementar el derecho a la consulta, identificando por ejemplo qué procedimientos administrativos deberán contar con un proceso de consulta previa”. “El Congreso debe modificar el reglamento para que se regule la forma de cómo se implementará este derecho en los procesos legislativos que se desarrollan dentro del Poder Legislativo”, añadió.

Heck añade: "Finalmente, hace falta la creación de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, que contendrá información de acceso público sobre los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas”. Esta base de datos, que se encuentra en elaboración, no será constitutiva de derechos, sino que está pensada como un instrumento útil para la implementación de la ley de consulta, ayudando a la entidad competente a identificar a los PPII que deben ser consultados en cada caso.

3. Minería

Este año, el gobierno constituyó una Comisión Multisectorial encargada de elaborar propuestas normativas y políticas orientadas a mejorar condiciones ambientales y sociales de las actividades económicas, especialmente las industrias extractivas: minería, hidrocarburos, pesquería y forestal, incluso podrían considerarse los monocultivos destinados a la agroexportación.

Para César Ipenza “hace falta conocer la realidad peruana. Se ha pretendido y se sigue pretendiendo solucionar la problemática del país a través de las normas, pero las mismas son sólo una herramienta pero no un fin en sí. Creo que se ha evidenciado la necesidad de diálogo. Hace falta un acercamiento constante de nuestras autoridades a la población que necesita sentirse escuchada y, sobre todo, que sus pedidos sean aplicados. El Perú ya no es el mismo de hace 2 o 5 años”.

4. Conservación

En el último año se han logrado algunos avances en la conservación del patrimonio natural. La promoción y el apoyo de diversas instituciones han contribuido al avance sostenido del reconocimiento de Áreas de Conservación Privada (ACP) por parte del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Además, se han reconocido trece ACP en aproximadamente 25 mil hectáreas; se han establecido dos Zonas Reservadas, en Ancón y la Huacachina; y, en cuanto a las concesiones entre las destinadas para Conservación y Ecoturismo, se han concedido casi 200 mil hectáreas en lo que va del año.

Sin embargo, de acuerdo a Dino Delgado, del Programa de Conservación de la SPDA, “se ha notado una pausa en el avance que venía produciéndose en el establecimiento de Áreas de Conservación Regional (ACR) pues no se ha establecido ninguna desde agosto último”.

5. Cambio Climático

El Gobierno creó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD), para la implementación de medidas de adaptación frente a los efectos catastróficos del cambio climático, que cuenta con un Consejo Nacional de Gestión de Desastres. Para María Angélica Rondón, “a pesar de su corta existencia, el SINAGERD ha sido proactivo en la generación de información en su campo y se espera que con la experiencia que vaya adquiriendo en próximos años, aborde de forma completa y sistémica la temática relacionada al cambio climático”.

María Angélica Rondón, de la SPDA, resalta: “Las políticas como la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la elaboración de Plan de Adaptación, Plan de Mitigación, Guía para la elaboración de Estrategias Regionales de Cambio Climático, que se iniciaron en el gobierno anterior, han continuado avanzando. Por tal motivo podemos señalar que el actual gobierno ha venido promoviendo el desarrollo y culminación, en algunos casos, de dichos procesos”.

Ver especial completo (tema transgénicos, fortalecimiento del OEFA, EIA, entre otros) aquí.