Escribe Jorge Caillaux / Presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)

La Ley 29767 fue promulgada por el Congreso de la República –luego del silencio e inacción del ex presidente Alan García quien no la observó ni promulgó – para poder pensar libremente en el futuro de la bahía de Ancón, sin la amenaza aparentemente inevitable del proyecto de un puerto industrial impulsado tercamente por el Grupo Romero. Hoy la bahía junto con el denominado Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi, creado por el ex ministro Antonio Brack, constituyen un área natural protegida restringiéndose la realización de ciertas actividades, entre ellas y específicamente la actividad portuaria no-artesanal. El caso de Ancón será uno de antología tanto para el sector empresarial como para el político y seguramente generará el interés de nuestros jóvenes universitarios que hoy comienzan a comprender la necesidad de ordenar el territorio nacional (y las actividades que desarrollamos en él) en función de la capacidad de uso y de carga de nuestros variados ecosistemas.

La mala costumbre de no darle valor al mar (especialmente al espacio marino-costero) y la incapacidad del Estado de poner orden y ejercer autoridad llevó a los peruanos a aceptar se construyan infraestructuras en cualquier lugar del extenso litoral, siempre de acuerdo a la conveniencia del proyecto particular, sin considerar los usos potenciales y reales de cada espacio y sin respeto alguno por lo que hoy comenzamos recién a valorar: los espacios públicos que la naturaleza nos ofrece. Una ciudad que no respeta sus recursos naturales integradores –como el mar, el paisaje, sus playas, bosques y parques- está condenada a vivir en la violencia y separada de su propio ambiente natural.

La empresa promotora del puerto de Ancón sabía perfectamente que ese proyecto estaba fuera de lugar pero se empecinó en la iniciativa mirando solamente su ombligo y confiando en su evidente posición de poder económico y político. No importaba que el sentido común, la economía local (Ancón aporta a los mercados de Lima parte significativa del pescado que consumimos); su historia (allí se firmó el fin de la Guerra del Pacífico); su enorme potencial turístico (la bahía es una puerta de acceso al mar, a las islas costeras, al conocimiento de su riquísima fauna); y su condición de hábitat adecuado para el deporte, la recreación y la investigación científica y tecnológica (una escuela de prestigio internacional puede montarse allí para educar a nuestros jóvenes en las ciencias del mar); no importaba todo esto a la empresa ni al entonces Ministro de Transportes y al propio ex presidente de la República quienes de un lado minimizaron su impacto negativo y de otro lado avalaron con su silencio y evasivas el despropósito del puerto. Este caso será de antología también si se analiza lo prometido públicamente por la empresa promotora con lo realmente aceptado en el expediente existente en el Ministerio de Transportes. Una sola perla es suficiente: Santa Sofía Puertos prometía en sendos y repetidos avisos en los periódicos que contrataría a por lo menos 340 trabajadores de la población local pero luego, a la hora de la verdad, al responder preguntas concretas sobre el Estudio de Impacto Ambiental admitió que contrataría solamente a 76 trabajadores locales, y que 60 de ellos serían puestos permanentes. Este tipo de discursos son los que generan confusión y luego desilusión en la población y se convierten en caldo de cultivo de los conflictos. Verdad, transparencia y respeto por el medio ambiente y nuestros ecosistemas deben ser una regla de oro de todo inversionista moderno y comprometido con el desarrollo del país.

El caso de Ancón es singular y difícilmente comparable con la mayoría de los conflictos socio-ambientales surgidos por el aprovechamiento de los recursos mineros y energéticos. Es que mientras un puerto puede técnica y económicamente construirse en cualquier otro lugar de la costa peruana en muchos otros casos los recursos están en el subsuelo, es decir, en el mismo lugar donde existe una población o un valle o un área natural protegida. En estos casos siempre existen opciones y alternativas pero nunca comparables con la facilidad de instalar un puerto fuera de Ancón. El interés en ubicarse precisamente al costado de El Callao y en medio de una generosa bahía, la única que puede recibir a miles de habitantes del norte de Lima, correspondía al interés de una sola empresa. De allí que el caso nos debe llevar a pensar en la necesidad de ordenar nuestro territorio sin menospreciar los valores locales tanto geográficos, históricos como culturales.

Ahora nos toca asumir una gran responsabilidad: demostrar que ese otro desarrollo (sostenible, sustentable, duradero) es posible para Ancón y sus pobladores. El Ministerio del Ambiente, la Municipalidad de Ancón, la Municipalidad de Lima y el Frente de Defensa de la Bahía de Ancón junto con las demás organizaciones locales y asociaciones de vecinos como APANCON deben y pueden recoger las líneas maestras del actual plan de desarrollo de la bahía y del distrito fomentando inversiones privadas y públicas para convertir a esta bella bahía en lugar de encuentro, esparcimiento, investigación y consolidación de su economía pesquera, turística y deportiva.

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Foto: ONG Mundo Azul

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